En el artículo se analiza la aplicación del principio de subsidiariedad en los créditos hipotecarios del Banco de la Nación, resaltando la diferencia de criterios entre el Tribunal Constitucional e Indecopi. El primero enfatiza la necesidad social, mientras que el segundo prioriza la competencia y la suficiencia de la oferta privada, considerando que la participación estatal solo se justifica si el sector privado no cubre adecuadamente la demanda. Ante la falta de criterios uniformes, proponemos lineamientos para evaluar la subsidiariedad en el otorgamiento de estos créditos y evitar distorsiones en el mercado. Además, presentamos alternativas para la subsistencia del Banco de la Nación, garantizando que su intervención respete la subsidiariedad y sea complementaria a la banca privada.

Un gran problema que ha sido materia de debate constante, y que en los últimos meses se ha acentuado, es determinar si resulta necesaria la intervención del Estado en el mercado mediante empresas públicas. La controversia se intensifica cuando se trata del mercado bancario; es un tema tan delicado que un error del Estado podría afectar gravemente la economía del país y, por ende, el bienestar general de la población, en tanto no solo afecta el buen funcionamiento del proceso competitivo, sino principalmente a los ciudadanos, quienes serían los principales perjudicados por el mal uso de los recursos públicos que son empleados para realizar actividad empresarial que no tenga ninguna justificación.