El presente trabajo analiza el caso de dos ciudadanos mexicanos acusados de homicidio en 2002, quienes fueron arrestados sin una orden judicial y sometidos a las medidas de arraigo y prisión preventiva oficiosa. No fueron notificados de los cargos hasta 47 y 34 días después de su detención, y estuvieron privados de su libertad durante 17 años sin una sentencia, la cual se dictó 20 años más tarde. El análisis pone de manifiesto que el uso automático de medidas privativas de libertad infringe varios derechos humanos esenciales. Entre los derechos vulnerados se encuentran el derecho a la libertad personal, la presunción de inocencia, y el derecho a la defensa, ya que fueron detenidos sin justificación legal y no se les informó sobre los cargos. Además, la demora excesiva en el proceso y la falta de las debidas garantías judiciales evidencian una violación al derecho a un jui...