Los procedimientos de protección al consumidor, pueden desarrollarse en vía, ordinaria o sumarísima, por criterios de especialidad, materia reclamada o por la cuantía; lo que genera una decisión motivada en torno al reclamo. Esta decisión, contenida en una resolución administrativa, donde el denunciante tiene fundado su pedido, contempla entre otras, una orden para el pago de costas y costos, que corren por cargo del proveedor (denunciado). El Indecopi, a través de un procedimiento administrativo especial, tramitado inicialmente ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos (ORPS), determina el monto que corresponde otorgarse, siendo los honorarios de los abogados, un componente principal de los costos, ante tal escenario, cabe la posibilidad que se conceda el monto pedido; o se gradúe, por lo general, disminuyéndolo, en atención a determinados criterios. Lo cual g...