Mediante la Ley N° 29571 se estableció la figura del arbitraje de consumo como un procedimiento alternativo para resolver las controversias de los consumidores, siendo este uno menos formalista, célere y eficaz a los demás procedimientos ya establecidos. Sin embargo, mediante su segundo Reglamento (DS 103-2019-PCM) se modificó el mismo al punto de establecer diversas limitaciones, trabas y condicionales a los consumidores para iniciar este procedimiento, otorgándose incluso beneficios y libertades a los proveedores. Hecho que vulnera varios principios rectores del derecho de consumidor de la Ley N° 29571. La metodología utilizada fue de enfoque cualitativo con revisión documental, bibliográfica de la doctrina y jurisprudencia, aplicándose el método inductivo apoyado en la petición de diversos consumidores del año 2022 y las denuncias ordinarias presentadas de estos mismos, ...