La administración de justicia atraviesa una situación crítica, que daña al derecho fundamental de los ciudadanos a obtener amparo y tutela judicial. La lentitud en el despacho diario de los asuntos, el incumplimiento de los plazos y términos señalados en la ley, la mora en el dictado de sentencias, y el excesivo tiempo que transcurre entre la pretensión y el señalamiento de audiencias, son las primeras de las manifestaciones del mal funcionamiento del sistema judicial. Los ciudadanos padecen en silencio y resignadamente esta morosidad, sin que el órgano jurisdiccional y los vinculados con la administración de justicia hayan mostrado su preocupación por el tema. En la Legislatura no hay iniciativas para reforzar determinados fueros y, de tal forma, aliviar a los sufridos ciudadanos que deambulan por los pasillos y despachos sin encontrar más respuesta que el "vuelva usted mañ...