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La desnutrición crónica infantil en el Perú es un problema grave. Aproximadamente uno de cada siete niños entre 0 y 5 años (casi 540 mil niños) la padece y la cifra para las áreas rurales del país es aún más alarmante. Apenas seis años atrás, en 2008, cerca de la mitad de los niños rurales padecía de desnutrición crónica y, aunque las estadísticas oficiales muestran una reducción importante de la prevalencia del problema en esta zona, la brecha rural-urbana se mantiene en alrededor de 20 puntos porcentuales desde inicios del 2010.

Entrevista a Rosa Luz Durán, profesora asociada de la Carrera de Economía de la Universidad de Lima, a propósito de su estudio Gender Gaps in forest tenure reforms in Peru: the impact of expectations on the household incomes of native communities, que analiza las diferencias en las percepciones de los beneficios de las reformas legales de 1978 en Perú sobre la tenencia de la tierra en áreas indígenas y su efecto en los ingresos familiares.

El proyecto propone estudiar dos aspectos usualmente ignorados del bienestar de un hogar: la tenencia de activos y el uso del tiempo, es decir, considera un componente estructural. Al estar la baja acumulación de activos correlacionada con la pobreza crónica y con la inhabilidad de escapar de las trampas de pobreza, los activos constituyen indicadores de largo plazo de bienestar. Por otro lado, los pocos estudios que analizan el uso del tiempo como medida del bienestar (horas dedicadas al ocio, o a diferentes tipos de trabajo – doméstico, de mercado, etc. – y la distribución de estos tipos de trabajo entre los miembros), solo concluyen que hay una distribución desigual por género al interior del hogar. Se trata de caracterizar la relación entre la distribución del tiempo y la tenencia de activos de un hogar, y determinar los factores que la afectan y de qué maneras. PrestarÃ...

En Perú, se reconocen de manera formal los derechos de los pueblos indígenas amazónicos a la propiedad colectiva de la tierra desde hace más de cuatro décadas. Desde la aprobación de la primera ley de titulación (1974), el Estado ha titulado unas 1300 comunidades nativas y aún quedan unas 600 sin título. Durante este periodo, ha habido avances y retrocesos debido a la frecuencia de conflictos complejos entre los intereses de las comunidades nativas y de la empresa privada sobre los recursos forestales y el subsuelo; ello en el marco de las prioridades del gobierno y de regulaciones que rara vez tienen como objetivo principal reconocer los derechos colectivos indígenas a la tierra y los bosques.

Numerosos estudios han documentado la importancia de la propiedad de la tierra para la seguridad económica de las mujeres rurales y el mejoramiento de la posición de ellas dentro de sus hogares. Esta expectativa se basa en el supuesto de que la propiedad de la tierra incrementa la capacidad de negociación de las mujeres. La investigación desafía la hipótesis convencional acerca del aumento esperado de la participación femenina en las decisiones del hogar, y plantea que la propiedad de la tierra por parte de las mujeres rurales genera impactos heterogéneos dependiendo de la decisión específica que se considere (sea agrícola o no agrícola) y es también contingente al tamaño de la unidad agropecuaria, la ubicación geográfica de la misma, y otras variables del entorno socioeconómico y regional. Dada la escasa disponibilidad de datos sobre tierra y decisiones suficientemente ...

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A number of analytical and qualitative case studies have documented the importance of formal land ownership for women’s economic security and the improvement of their positions within their households (Deere and León 2001a; Deere and Doss 2006; Abraham, Gaspart, and Stevens 2005; Agarwal 1994, 2003). This expectation is rooted in the assumption that female land rights will increase women’s bargaining power.1 Redistributions of property rights to land towards women via the formal titling of their land or via the inclusion of their names as co-proprietors in deeds previously held by their husbands alone, the theory predicts, can affect the distribution of other household resources and participation in paid employment. This paper challenges the conventional wisdom about the bargaining power hypothesis, which would make us expect a more equal distribution of domestic and market activiti...

En el Perú, las cifras disponibles indican que las mujeres con mayor nivel de educación, o con un trabajo, enfrentan mayores probabilidades de violencia en sus hogares (MIMP, 2016; ECLAC, 2015; Buvinic y otros, 1999). Este resultado agregado; sin embargo, podría ser engañoso al no reconocer situaciones o condiciones en las que estos indicadores de empoderamiento sí funcionan como mitigadores de violencia. Utilizando un pool de datos 2008-2017 de la Encuesta de Salud Demográfica y Familiar, y con el objetivo de identificar qué combinaciones concretas de educación y empleo actúan como una barrera de protección para las mujeres afectadas por violencia doméstica, el presente artículo examina el impacto de la escolaridad y la condición de empleo de las mujeres para distintas configuraciones de educación de la pareja, bajo la premisa de que el nivel educativo de cada miembro y la...

Using quarterly data from the 2020 Peruvian National Household Survey (ENAHO), this paper estimates the diferentiated impacts of the COVID-19 pandemic on a set of labor market indicators, such as labor participation, occupational categories, informality, and number of hours worked. The impacts are calculated from an individual perspective (efects on the activities of the heads of household and their spouses, distinguishing them according to sex) and also from a joint strategy perspective among the partners. The results indicate that the intersectionalities of vulnerability considered (rural/urban area, and those contained in the type of households and in the situation of single-parenting or two-parenting of household heads and their spouses) determine that women, who live in rural areas, have children and do not have a partner were the most afected by the global health crisis.

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In Peru, in 2017, 7 out of 10 women who ever had a couple were victims of violence from their partners, whether in a psychological, physical or sexual way. The available statistics indicate that women with higher levels of education or with a job, face a greater likelihood of violence in their homes, yet these aggregate numbers could be misleading because they do not account for situations in which education and employment do function as violence mitigators. Using pooled data from 2008-2017 of the Demographic and Family Health Survey (ENDES), and with the object of identifying which concrete combinations of education and employment act as a protective barrier for women affected by domestic violence, this paper examines the impact of schooling and the employment status of women for different configurations of the couple's education, under the premise that both, the educational level of ea...