El Estado peruano busca enfrentar la delincuencia a través de la represión y el endurecimiento de las penas, siendo la cadena perpetua una medida utilizada para incapacitar a los delincuentes y proteger a la ciudadanía. Sin embargo, a pesar de los límites constitucionales y los derechos fundamentales, el Estado a veces adopta iniciativas legislativas que van en contra de los propósitos del derecho penal. Esto resulta en un control arbitrario sobre la conducta delictiva y en el tratamiento de los sospechosos como objetos útiles para la sociedad. Los medios de comunicación amplifican el problema y la inseguridad ciudadana afecta el diseño de la política criminal. En lugar de enfocarse en mecanismos de control social como la educación y la familia, se opta por imponer medidas drásticas utilizando la excusa de proteger a la sociedad. Aunque la cadena perpetua es considerada adecua...