El presente informe analiza la Resolución N.º 1053-2024/SPC-INDECOPI. El problema principal gira en torno a si la inmobiliaria brindó un servicio idóneo al aplicar la cláusula séptima del contrato, que establece una penalidad del 30% del precio pactado ante el incumplimiento de pago por parte de los consumidores. Se evalúa, además, si esta cláusula resulta abusiva bajo el marco del derecho de protección al consumidor. El análisis se fundamenta en los artículos 18, 19, 49, 51 y 52 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, así como en los artículos 1341 y 1428 del Código Civil. A través de un enfoque jurídico y económico, se concluye que la cláusula penal no vulnera el deber de idoneidad ni constituye un desequilibrio contractual injustificado. Por el contrario, opera como una herramienta legítima de protección para el proveedor frente al incumplimiento.