Desde la dación del Código Penal de 1924 y con mayor énfasis el Código sustantivo de 1991, se ha considerado al delito de Malversación de Fondos dentro de los delitos cometidos contra la Administración Pública. El presente trabajo apostó a justificar la descriminalización del referido delito por cuanto busca anotar sobre la importancia de anteponer el fondo del asunto antes que la simple forma, frente a bienes jurídicos institucionales, definidos a través de un “programa de intentos” más que con referencia a datos prepositivos, y necesariamente asumidos en una dimensión abstracta (pensamos, otra vez, en el ‘buen funcionamiento e imparcialidad de la Administración pública’), la codificación de un principio general de ofensividad no produciría ventajas considerables. Así, la presente investigación, entonces, abriga la posibilidad de estudio tanto teórico como pr...