La necesidad de intervenir sobre la ciudad existente, para regenerarla, se articula en el derecho urbanístico español a través de las nuevas figuras de las actuaciones de regeneración y renovación de la urbanización y las actuaciones de dotación. Frente a la situación previa, donde la Administración podía intervenir sobre una ciudad existente a través de la limitada figura de los “Planes Especiales de Reforma Interior” y la figura de la expropiación, ahora se permite esa intervención posibilitando el traslado a los propietarios de los costes de dichas intervenciones. Dado que los derechos y deberes de los propietarios afectados en unas y otras actuaciones son sustancialmente diferentes, resulta preciso identificar criterios de utilización que otorguen seguridad jurídica, ante la confusa posición del Tribunal Supremo.

La necesidad de intervenir sobre la ciudad existente, para regenerarla, se articula en el derecho urbanístico español a través de las nuevas figuras de las actuaciones de regeneración y renovación de la urbanización y las actuaciones de dotación. Frente a la situación previa, donde la Administración podía intervenir sobre una ciudad existente a través de la limitada figura de los “Planes Especiales de Reforma Interior” y la figura de la expropiación, ahora se permite esa intervención posibilitando el traslado a los propietarios de los costes de dichas intervenciones. Dado que los derechos y deberes de los propietarios afectados en unas y otras actuaciones son sustancialmente diferentes, resulta preciso identificar criterios de utilización que otorguen seguridad jurídica, ante la confusa posición del Tribunal Supremo.

La necesidad de intervenir sobre la ciudad existente, para regenerarla, se articula en el derecho urbanístico español a través de las nuevas figuras de las actuaciones de regeneración y renovación de la urbanización y las actuaciones de dotación. Frente a la situación previa, donde la Administración podía intervenir sobre una ciudad existente a través de la limitada figura de los “Planes Especiales de Reforma Interior” y la figura de la expropiación, ahora se permite esa intervención posibilitando el traslado a los propietarios de los costes de dichas intervenciones. Dado que los derechos y deberes de los propietarios afectados en unas y otras actuaciones son sustancialmente diferentes, resulta preciso identificar criterios de utilización que otorguen seguridad jurídica, ante la confusa posición del Tribunal Supremo.