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Fenómenos como el nuevo constitucionalismo, la despenalización y la flexibilización del principio de legalidad han contribuido decisivamente en la concepción del Derecho Administrativo sancionador. Por esta razón, en el presente artículo se busca definir qué implican estas nuevas tendencias, a fin de trasladarlas al derecho penal administrativo. De esta manera, se evaluará la naturaleza jurídica de las sanciones penales administrativas y la viabilidad de la aplicación de los principios del derecho penal en ciertas materias, especialmente en policía financiera. Asimismo, bajo esta hipótesis será examinado el régimen sancionatorio de la actividad financiera en Argentina; para analizar las atribuciones de su ente regulador (el Banco Central de la República Argentina), su potestad sancionatoria y, finalmente, la naturaleza jurídica de sus sentencias.

El artículo parte de la premisa de que, si bien ya nadie discute si la administración puede regular el procedimiento administrativo, no se puede desconocer que el parlamento es el órgano competente para dictar las normas que reglamentan el ejercicio de los derechos de los ciudadanos frente a la administración. Seguidamente, el estudio realiza un análisis de la armonización entre el principio de competencia y los de legalidad y eficiencia, y la importancia de la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones públicas las audiencias de este tipo. Finalmente, se desarrollan los principales aspectos de la relación entre el procedimiento administrativo y la tutela judicial efectiva, así como algunas nuevas funciones del procedimiento administrativo como la información y el consenso

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Phenomena such as the new constitutionalism, decriminalization and flexibilization of the legality principle have decisively contributed to the conception of Administrative law penalties. For this reason, this article seeks to define what these new trends imply, in order to transfer them to administrative criminal law. In this way, the legal nature of administrative criminal sanctions and the feasibility of applying the principles of criminal law in certain matters, especially in financial police, will be evaluated.Likewise, under this hypothesis, the sanctioning regime of financial activity in Argentina will be examined; to analyze the powers of its regulatory body (the Central Bank of the Argentine Republic), its sanctioning power and, finally, the legal nature of its sentences.

Inside the field of Law, the usual question about the meaning of a determined concept or the question towards what it makes reference to has alwaysbeen complicated. In the last years, different events have produced that philosophical trends reconsider the understanding of the legal system.In the present article, the author does a presentation of what new constitutionalism means and its opinion towards it. The author also makes a critical analysis of the positivist and jusnaturalist visions, connecting them with the understandingof Law and the legal system, making an emphasis on Administrative Law.

El artículo parte de la premisa de que, si bien ya nadie discute si la administración puede regular el procedimiento administrativo, no se puede desconocer que el parlamento es el órgano competente para dictar las normas que reglamentan el ejercicio de los derechos de los ciudadanos frente a la administración. Seguidamente, el estudio realiza un análisis de la armonización entre el principio de competencia y los de legalidad y eficiencia, y la importancia de la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones públicas las audiencias de este tipo. Finalmente, se desarrollan los principales aspectos de la relación entre el procedimiento administrativo y la tutela judicial efectiva, así como algunas nuevas funciones del procedimiento administrativo como la información y el consenso

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The establishment of the limits between the public law and the private law has been a hard to clarify. For that reason, the author brings a perspective about this division, focusing on the case of public procurement. Thus, in the first part he will explain the division between public law and private law, and how this division has evolved. Then, he will explain the consequences of the disruption of unitary theory on public procurement. Finally, he will show the inequality of the parts, the public prerogatives and the compensatory guarantees, all involved in the peculiarities of management contract, that distinguishes it from an private contract.

Inside the field of Law, the usual question about the meaning of a determined concept or the question towards what it makes reference to has alwaysbeen complicated. In the last years, different events have produced that philosophical trends reconsider the understanding of the legal system.In the present article, the author does a presentation of what new constitutionalism means and its opinion towards it. The author also makes a critical analysis of the positivist and jusnaturalist visions, connecting them with the understandingof Law and the legal system, making an emphasis on Administrative Law.

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Tras la reforma de la Constitución de 1994, la Constitución Argentina asumió un criterio distinto y más eficaz sobre el concepto de Delegación Legislativa, basada en los límites de la reserva legal, separación de poderes y demás principios constitucionales. De esta forma, el autor narra la evolución de esta figura a través de la historia en el derecho comparado y la sitúa en el actual contexto argentino; para , finalmente precisar la forma de interpretar los términos -legislación comparada- y -reglamentación delegada- enmarcadas en la Disposición Transitoria 8va de la C.N (Constitución argentina).

La determinación de la frontera ente el derecho privado y el derecho público siempre ha sido una situación complicada de esclarecer. Por tal motivo, el autor brinda una perspectiva sobreesta división pero enfocándola, principalmente, al escenario de la contratación pública. Así,en un primer momento explicará la división entre el derecho privado y el derecho públicoy cómo esta ha ido evolucionando con el devenir del tiempo; luego nos explicará quéimplica el abandono de la tesis unitaria en el escenario de la contratación pública, para,finalmente, mostrarnos que la desigualdad de las partes, las prerrogativas del poder públicoy las garantías compensatorias se encuentran dentro de las peculiaridades que exhibe lateoría del contrato administrativo y la distinguen de un contrato entre particulares que se circunscribe en el ámbito de derecho privado.

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El artículo parte de la premisa de que, si bien ya nadie discute si la administración puede regular el procedimiento administrativo, no se puede desconocer que el parlamento es el órgano competente para dictar las normas que reglamentan el ejercicio de los derechos de los ciudadanos frente a la administración. Seguidamente, el estudio realiza un análisis de la armonización entre el principio de competencia y los de legalidad y eficiencia, y la importancia de la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones públicas las audiencias de este tipo. Finalmente, se desarrollan los principales aspectos de la relación entre el procedimiento administrativo y la tutela judicial efectiva, así como algunas nuevas funciones del procedimiento administrativo como la información y el consenso

The establishment of the limits between the public law and the private law has been a hard to clarify. For that reason, the author brings a perspective about this division, focusing on the case of public procurement. Thus, in the first part he will explain the division between public law and private law, and how this division has evolved. Then, he will explain the consequences of the disruption of unitary theory on public procurement. Finally, he will show the inequality of the parts, the public prerogatives and the compensatory guarantees, all involved in the peculiarities of management contract, that distinguishes it from an private contract.