De acuerdo con cifras del Gobierno, solo 4 de cada 10 personas con discapacidad en edad de trabajar cuenta con empleo en nuestro país. Sin embargo, lejos de que sean las entidades públicas las que promuevan la cuota laboral de estas personas de especial protección, se han dado muchos casos en los que estas no renovaron su contrato laboral de Contrato Administrativo de Servicios (en adelante, CAS) sin la debida motivación y/o infringiendo en debido procedimiento. Dada la importancia de este tema en el ámbito legal, en el presente trabajo se analizó la sentencia del Expediente N.º 01106-2022-PA/TC, originada por el recurso de agravio constitucional interpuesto por una persona con discapacidad auditiva (en adelante, demandante), cuya pretensión era la protección de su derecho al trabajo vulnerado por los magistrados de segunda instancia al declarar infundada la demanda de amparo in...