En esta ocasión ADVOCATUS tuvo la oportunidad de entrevistar a Alfredo Bullard González, destacado expositor e investigador en materia de arbitraje. Este notable especialista da respuesta a algunas interrogantes fundamentales a cerca del laudo arbitral y el recurso de anulación, tema que ha generado constantes debates y polémicas en la práctica arbitral, a fin de que el lector logre despejar algunas dudas y entender algunos aspectos principales sobre dicha cuestión.

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En los últimos meses, hemos sido testigos de un debate referido a la posibilidad de que las autoridades administrativas apliquen control difuso. Tal debate se ubica en el medio de dos interrogantes extremas, las mismas que señalan: ¿es posible afirmar que los funcionarios públicos se encuentran facultados para inaplicar cualquier ley con solo señalar que es contraria a la Constitución? Si nos encontráramos bajo el supuesto de una ley abiertamente inconstitucional que limite arbitrariamente los derechos de los ciudadanos, ¿sería posible señalar que una autoridad administrativa se encuentra obligada a ordenara los particulares el cumplimientos de dicha norma?

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El presente artículo trata sobre la necesidad de una legislación antimonopólica para preservar la existencia del sistema de mercado y lograr el bienestar de los consumidores. Dicha legislación debe cuidarse de caer en la tentación de ser intervencionista, pues de lo contrario puede convertirse en un factor de destrucción de la libre competencia, antes que de su destino.

En el presente artículo, los autores critican este carácter basado en la incertidumbre del control de fusiones. Exigen que estas agencias se basen más en los hechos y no pretendan corregir errores antes de que sucedan. Además, analizan los resultados del control de fusiones en el Derecho comparado. De este modo, llegan a la conclusión de que dicho control suele ser ineficiente, pues genera costos a las empresas y puede evitar fusiones que, a la larga, serían beneficiosas. En el Perú, la existencia de un Proyecto de Ley para regular las fusiones motiva la crítica de los autores, que ven en esta medida un control innecesario y negativo que traería más problemas que beneficios.

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Cuando un conjunto de empresas competidoras entre sí se ponen de acuerdo para vender al mismo precio estamos frente a un cártel y las autoridades de competencia suelen sancionar esa conducta como ilegal. Un acuerdo de ese tipo petjudica a los consumidores, pues les impide, por medio de su libertad de elegir, controlar o influir en el precio de lo que compran. Finalmente quedan obligados por los términos acordados entre los competidores, habiendo perdido su voz para influir en los precios y condiciones. Es más, como lo ha reconocido la jurisprudencia administrativa peruana'1! tales acuerdos son per se ilegales. Es decir, no admiten justificación de ningún tipo. En consecuencia, la simple realización de la conducta implica su sanción sin perjuicio de la razonabilidad del precio fijado entre los competidores o de la posibilidad que su estrategia pueda realmente tener éxito. Una pri...

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La institución del arbitraje, si bien muy exitosa en nuestro país, genera todavía ciertas dudas en algunos tantoen su naturaleza jurídica como sobre los recursos que recaen sobre ellas, en especial el recurso de anulación. En el siguiente artículo, el autor, luego de hacer un recorrido sobre el origen del arbitraje, pasa a explicar el carácter contractual del recurso de anulación - negando así la naturaleza pública que muchos le dan - para luego finalizaranalizando si es que dicho recurso se encuentra antes o después de la ejecución de un convenio arbitral.

En el presente artículo, los autores desarrollan la problemática de la excesiva formalidad en las actuaciones de la Administración Pública, así como la propuesta de un método que nos permita discriminar las faltas graves de aquellas subsanables, sin desvirtuar la naturaleza y los objetivos a los que las exigencias formales deben guiarnos

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