Los peligros de la revocatoria indirecta: Vulneración del derecho de defensa y debido procedimiento

Descripción del Articulo

La revocatoria de actos administrativos es un tema muy debatido en la actualidad. Esto se debe, en gran medida, a que confiere a la Administración Pública la facultad de extinguir los derechos de los administrados, por lo que su mal uso podría ocasionar la denominada revocatoria indirecta o ilegal v...

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Detalles Bibliográficos
Autores: Bendezú Montes, Mauro Fernando, Tejada Vargas, Samantha Vanessa
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2023
Institución:Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Repositorio:UPC-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorioacademico.upc.edu.pe:10757/670510
Enlace del recurso:http://hdl.handle.net/10757/670510
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Revocación indirecta
Derecho a la defensa
Acto administrativo previo
Licencia de funcionamiento
Debido procedimiento
Seguridad jurídica
Indirect revocation
Right to defense
Prior administrative act
Operating license
Due process
Legal certainty
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00
Descripción
Sumario:La revocatoria de actos administrativos es un tema muy debatido en la actualidad. Esto se debe, en gran medida, a que confiere a la Administración Pública la facultad de extinguir los derechos de los administrados, por lo que su mal uso podría ocasionar la denominada revocatoria indirecta o ilegal vulnerando así el debido procedimiento establecido en los artículos 203 y 205 de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. En ese contexto, llevaremos a cabo un análisis crítico de la Casación 774-2020, en donde cuestionamos la posible existencia de una revocación indirecta por parte de la Municipalidad de Miraflores. Este análisis se centrará en la modificación parcial de una licencia de funcionamiento a favor de la empresa JCH EIRL, la misma que fue “regulada” mediante la ordenanza 263-2007. En atención a ello, se propondrán soluciones para restringir el uso indiscriminado y arbitrario de la “revocación” por parte de las municipalidades provinciales o distritales; para así proteger el derecho a la defensa, a la seguridad jurídica, así como el derecho al debido procedimiento que ostentan los administrados en el marco constitucional y administrativo.
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