Modificatoria del Artículo 1981 de Código Civil para incorporar al Estado como tercero civilmente responsable en los delitos cometidos por Funcionarios Públicos

Descripción del Articulo

En la presente investigación con la finalidad de determinar la incorporación del Estado como tercero civilmente responsable en los delitos de abuso de autoridad cometidos por funcionarios públicos se realizó un análisis referente a las figuras pertenecientes a la responsabilidad civil extracontractu...

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Detalles Bibliográficos
Autor: Puemape Tineo, Diana Elizabeth
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2023
Institución:Universidad Señor de Sipan
Repositorio:USS-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.uss.edu.pe:20.500.12802/12003
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.12802/12003
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Responsabilidad civil
Estado
Propuesta legislativa
Legislación comparada
Código Civil
Funcionarios Públicos.
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01
Descripción
Sumario:En la presente investigación con la finalidad de determinar la incorporación del Estado como tercero civilmente responsable en los delitos de abuso de autoridad cometidos por funcionarios públicos se realizó un análisis referente a las figuras pertenecientes a la responsabilidad civil extracontractual y análisis de datos relevantes de los funcionarios públicos, sus funciones, así como el otorgamiento del poder a través de la facultad Estatal y la evolución de su regulación a nivel nacional. Con el fin de ahondar en el tema de responsabilidad civil del Estado en delitos cometidos por funcionarios se analizó legislación comparada, de países donde se encuentra regulada esta figura como España, Colombia, Ecuador y México; además de la realización de encuestas a abogados especializados en Derecho Penal (31), abogados especializados en Derecho Civil (8) y a Personal Jurisdiccional de los Juzgados Civiles (11), lo que permitió demostrar la viabilidad de su aplicación y que en legislación comparada no ha causado estragos en la economía pública, garantizando el cumplimiento de la obligación por daño causado al administrado.
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