La inconstitucionalidad de la pena de inhabilitación definitiva prevista para el delito de cohecho activo en el ámbito de la función policial

• Autor: Montoya Mendoza, Andres Angel
• Formato: tesis de maestría
• Fecha de Publicación: 2023
• Institución: Universidad de San Martín de Porres
• Repositorio: USMP-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.usmp.edu.pe:20.500.12727/13137
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12727/13137
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Corrupción; Cohecho Activo; Policía Nacional; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

El objetivo de la presente tesis es determinar si es inconstitucional la pena de inhabilitación consistente en la cancelación o la incapacidad definitiva para obtener autorización para conducir, prevista en el artículo 398-B del Código Penal, que es aplicable a los condenados por el delito de cohecho activo en el ámbito de la función policial, en su modalidad agravada (funciones policiales vinculadas al tránsito o la seguridad vial). Para este efecto, se analiza de manera crítica tanto la doctrina, la legislación y la jurisprudencia nacional, y a partir de una correcta aplicación del test de razonabilidad o proporcionalidad, se llega a la conclusión que dicha norma efectivamente es inconstitucional, por no superar los exámenes de idoneidad, de necesidad ni de proporcionalidad en sentido estricto. Lo anterior pues, analizada en abstracto, esta pena de inhabilitación definitiva no guarda conexión lógica con el deber de no afectar el correcto y normal funcionamiento de la administración pública y, en particular, la imparcialidad en el desempeño del agente policial. Igualmente, así esta pena fuera idónea, se muestra innecesaria, pues existe otro tipo de pena que puede aplicarse en lugar de ella, con similar efecto preventivo; y, por último, resulta desproporcionada en comparación con otros tipos penales sancionados con una inhabilitación similar Y a nivel concreto, se verifica que esta pena de inhabilitación definitiva se aplica, por lo general, a conductores de vehículos de transporte público, para quienes dicha pena resultará inidónea, por no guardar proporción con la culpabilidad del autor, y, esencialmente, afectará su derecho a la libertad de trabajo, en conexión con otros derechos constitucionales relacionados, como el derecho a la dignidad, al libre desarrollo y bienestar, y a la protección de la familia.