Fundamentos jurídicos que cuestionan la validez y aplicación de las leyes N° 23521 y 24516, sobre reserva de aguas subterráneas a favor de SEDALIB S.A.

• Autor: Calderón Cabrera, Lilian Sofia
• Formato: tesis de maestría
• Fecha de Publicación: 2018
• Institución: Universidad Privada Antenor Orrego
• Repositorio: UPAO-Tesis
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.upao.edu.pe:20.500.12759/4398
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12759/4398
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Fundamentos juridicos; Leyes N° 23521 y 24516; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00

Es una verdad irrefutable, que en nuestro país, los recursos hídricos son recursos naturales de patrimonio de la Nación, sobre los cuales se pueden otorgar derechos para su uso y aprovechamiento, sujetos al pago una contraprestación económica en favor del Estado. Sin embargo, en el ordenamiento jurídico nacional, existen las Leyes N° 23521 - Ley de Reserva de las aguas subterráneas de la cuenca del río Moche (Trujillo), en favor de la SEDAPAT (ahora SEDALIB S.A.); y N° 24516 - Ley de Reserva de las aguas subterráneas de las cuencas de los ríos de las provincias de Chepén, Ascope, y Trujillo, a favor de SEDAPAT (ahora SEDALIB S.A.), que otorgaron la reserva de las aguas subterráneas de estas cuencas a favor de SEDALIB SA, con la finalidad de asegurar el abastecimiento de agua potable a la población e industria ubicada en su circunscripción, facultándole al cobro de una tarifa de uso de agua, que quedó aprobada mediante Decreto Supremo N° 033-86-VC, y que viene siendo materia de cobranza judicial y extrajudicial a usuarios de fuente propia con fines productivos; sin embargo, actualmente se cuestiona la validez y aplicación de dichas leyes, por cuanto, por un lado, han sido emitidas por un órgano incompetente, y por haber quedado derogadas tácitamente; y, por otro lado, porque se vienen aplicando a usuarios no comprendidos en sus supuestos normativos, y SEDALIB SA carece de un derecho de uso otorgado sobre el recurso reservado. Estos cuestionamiento han generado la interposición de procesos judiciales en los cuales los Jueces Especializados y Superiores de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, y los Jueces Supremos de la Corte Suprema de la República, ha planteado posiciones distintas y hasta contradictorias entre sí, haciéndose necesario que se determine la configuración de los fundamentos que cuestionan la validez y aplicación de estas leyes, y ello pueda servir de referencia para la solución de causas pendientes de pronunciamiento final, y poner fin a la controversia surgida al respecto.