El Proceso Competencial y su Relación con el Modelo Unitario del Estado Peruano

Descripción del Articulo

En este estudio se busca analizar si la actuación del Tribunal Constitucional en la resolución de los conflictos de competencia entre los diferentes niveles de gobierno en el Perú contribuye a la protección del principio de unidad del Estado y al respeto de la cláusula de residualidad. Para ello se...

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Detalles Bibliográficos
Autor: Villanueva Santa Cruz, Hernando
Formato: tesis de maestría
Fecha de Publicación:2025
Institución:Universidad Privada Antenor Orrego
Repositorio:UPAO-Tesis
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.upao.edu.pe:20.500.12759/90592
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.12759/90592
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Proceso competencial
modelo unitario del Estado
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00
Descripción
Sumario:En este estudio se busca analizar si la actuación del Tribunal Constitucional en la resolución de los conflictos de competencia entre los diferentes niveles de gobierno en el Perú contribuye a la protección del principio de unidad del Estado y al respeto de la cláusula de residualidad. Para ello se empleó una metodología causal- explicativa, de modo que se analizaron sentencias del Tribunal Constitucional que iniciaron como procesos de inconstitucionalidad y se derivaron en procesos competenciales, de esto modo se analizaron 2 sentencias. Como resultado del análisis de sentencias, se obtuvo que la actuación del Tribunal Constitucional (en adelante TC) en la resolución de los conflictos de competencia entre los diferentes niveles de gobierno en el Perú contribuye a la protección del principio de unidad del Estado y al respeto de la cláusula de residualidad, sin embargo, no aborda temas medulares como el derecho a la autonomía regional para regular ámbitos que afecten directamente a su población. Concluyendo que, si bien el TC a través de sus sentencias, mismas que tienen carácter vinculante y general (erga omnes) a todos los poderes del Estado, establece a quién corresponde una determinada competencia mediante la aplicación de diversos principios jurídicos, favoreciendo con ello a un equilibrio entre la descentralización y la preservación de la autoridad del gobierno central; existen desafíos significativos dado que no abordan de manera plena el derecho a la autonomía regional con que cuentan los gobiernos regionales en el ámbito de sus competencias, constituyendo de esta manera un desafío para el Estado en el marco de la descentralización.
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