La ley N° 30933, ley del desalojo con intervención notarial y el derecho al arrendador cuando se produzca la intervención de un tercero.

• Autor: Saavedra Sánchez, Adrián Francisco
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2023
• Institución: Universidad Privada Antenor Orrego
• Repositorio: UPAO-Tesis
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.upao.edu.pe:20.500.12759/11261
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12759/11261
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Proceso de desalojo; Desalojo notarial; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00

Nuestra tesis de investigación busca problematizar sobre la ley que regula el proceso de desalojo con intervención notarial a partir de la siguiente pregunta: ¿De qué manera la Ley N° 30933, ley del desalojo con intervención notarial, afecta al arrendador cuando se produzca la intervención de un tercero en dicho procedimiento especial de desalojo?, la misma que es respondida con la siguiente hipótesis: “La deficiencia que existe al momento de regulación de la intervención de terceros en la ley afecta el derecho de los titulares cuando se suspenda el procedimiento”. De la misma manera nos hemos propuesto como objetivo general el siguiente: “Determinar la manera que la Ley N° 30933, ley del desalojo con intervención notarial, afecta al arrendador cuando se produzca la intervención de un tercero en dicho procedimiento especial de desalojo”. Finalmente, hemos arribado a la siguiente conclusión general: “La ley N° 30933, ley del desalojo con intervención notarial, no regula en ninguna de sus reglas la intervención de terceros en la etapa notarial; por ello, sostenemos que dicha omisión legislativa atenta gravemente contra el derecho del arrendador a recuperar su bien; puesto que de presentarse tal situación, el notario no va a tener otro camino que aplicar supletoriamente a la ley 26662, que regula la intervención en caso que el notario este conociendo asuntos no contenciosos; por lo que, dicha autoridad notarial, va a tener que ser suspender o detener el proceso y remitirlo al Poder Judicial y ello va a conllevar que el arrendador transite por un proceso plenario (el sumarísimo regulado en el CPC) para recuperar su bien, lo que atenta no solo contra la celeridad y economía procesal; sino, también contra la tan querida y poco alcanzada Tutela Jurisdiccional