El principio político criminal de ultima ratio como límite al ius puniendi en la legislación penal peruana-2018-2019

Descripción del Articulo

La política criminal es el fundamento del derecho penal, con bases y límites constitucionales, siendo el Estado peruano social y democrático de derecho, lo que busca la política criminal es prevenir o disminuir el delito con un fin de desarrollo social. Es así que uno de los principios materiales de...

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Detalles Bibliográficos
Autor: Curasi Cornejo, Lizardo Christian
Formato: tesis doctoral
Fecha de Publicación:2024
Institución:Universidad Nacional de San Agustín
Repositorio:UNSA-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.unsa.edu.pe:20.500.12773/18225
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.12773/18225
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Política criminal
Políticas públicas
Principio de ultima ratio
Evidencia empírica
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01
Descripción
Sumario:La política criminal es el fundamento del derecho penal, con bases y límites constitucionales, siendo el Estado peruano social y democrático de derecho, lo que busca la política criminal es prevenir o disminuir el delito con un fin de desarrollo social. Es así que uno de los principios materiales de la política criminal es el llamado de “ultima ratio”, que no solo tiene una expresión negativa como aquella que indica que el derecho penal interviene cuando los demás medios han fracasado, también tiene una vertiente positiva que es la de coexistencia del derecho penal con otros medios no penales, interactuando entre sí con la misma finalidad de disminuir o prevenir la criminalidad, ello dentro de un programa político criminal. Siendo el legislador quien escoge que hecho criminalizará o lo sancionará con una pena más grave, es quien debe tener en cuenta tres elementos antes de presentar sus proyectos de ley en materia penal: evidencia empírica, análisis de políticas públicas y un análisis de ultima ratio justificante, solo así se cumplirá con un programa político criminal que sea constantemente evaluado. Teniendo en cuenta que el solo hecho de legislar penalmente no soluciona los conflictos sociales ni disminuye la tasa de criminalidad sino va acompañado de políticas públicas, dicha evaluación se debe realizar en el momento que se presentan los proyectos de leyes penales. Esa es la propuesta de esta investigación, con el respectivo análisis histórico y sustento filosófico.
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