Admisión de prueba prohibida en audiencia de control de acusación y la afectación de derechos fundamentales

• Autor: Huerta Mujica, Mayra Elizabeth
• Formato: tesis de maestría
• Fecha de Publicación: 2021
• Institución: Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión
• Repositorio: UNJFSC-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.unjfsc.edu.pe:20.500.14067/4536
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/20.500.14067/4536
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Prueba prohibida; Control de acusación; Derechos fundamentales; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00

Nos planteamos como Objetivo: Determinar si la admisión de la Prueba Prohibida en Audiencia de Control de Acusación afectaría Derechos Fundamentales de las personas reconocidas constitucionalmente. Para alcanzarlo seguimos el Método inicial del diseño no experimental-transaccional, de tipo básico y de nivel descriptivo, se buscó protocolizar mecanismos a seguir frente a una prueba ilícita en el proceso, y de enfoque mixto sondear en la muestra de la población de estudio la eficacia abstracta de los razonamientos del juez al momento de resolver, vía encuesta del cuestionario de preguntas. Obtuvimos como Resultados: el 70% de la muestra reconoció el actuar pruebas prohibidas en audiencia de control de acusación vulnera los derechos primordiales de las personas y se debe acción en vía de tutela ante el a quo, excluyéndose la prueba genera impunidad delictiva, por lo que debería protocolizarse el procedimiento a seguir; habiéndose arribado a las siguientes Conclusiones: No está protocolarmente el cauce cuando en la audiencia de acusación nos encontramos frente a un pedido de exclusión de medio de prueba ilícita, las soluciones que se viene dando al problema no son convincentes, existiendo criterios jurídicos diversos y usualmente el saber del “fruto del árbol contaminado”, no puede aplicarse a la generalidad de los hechos por la impunidad delictiva que acarrearía. Se debe corroborar e individualizar el nivel de intervención de los inculpados en los hechos delictivos investigados, para no afectar los derechos fundamentales