La Obtención de la Prueba Ilícita y la Vulneración de los Derechos Fundamentales en el Derecho Penal Peruano

Descripción del Articulo

En el sistema jurídico penal peruano, la obtención de la prueba ilícita y la vulneración de los derechos fundamentales representan una preocupación constante en la búsqueda del equilibrio entre la eficacia del proceso y el respecto de sus preceptos. La prueba ilícita se refiere a aquella obtenida me...

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Detalles Bibliográficos
Autor: Padilla Fernandez, Jesús Paulino
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2025
Institución:Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica
Repositorio:UNICA-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.unica.edu.pe:20.500.13028/6574
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.13028/6574
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Sistema jurídico penal peruano
Prueba ilícita
Vulneración
Derechos fundamentales
Derechos humanos
Peruvian criminal legal system
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00
Descripción
Sumario:En el sistema jurídico penal peruano, la obtención de la prueba ilícita y la vulneración de los derechos fundamentales representan una preocupación constante en la búsqueda del equilibrio entre la eficacia del proceso y el respecto de sus preceptos. La prueba ilícita se refiere a aquella obtenida mediante actos contrarios a la ley y que contraviene preceptos fundamentales. En el Perú, su admisión está prohibida por el principio de legalidad y el derecho a un debido proceso. La jurisprudencia y la doctrina nacional han establecido criterios claros para determinar la ilicitud de la prueba, tales como su obtención mediante tortura, coacción, violación de la intimidad o vulneración de la inviolabilidad del domicilio. Contravenir con los derechos fundamentales puede estar conectado con la obtención de estas pruebas por cuanto dentro de las normas penales nacionales prima la presunta inocencia, la defensa del imputado, la intimidad, inviolabilidad y otros preceptos cuando se integre estas pruebas viciadas. Entonces la transgresión de los mismos puede conllevar a la anulación de dichas pruebas, hecho que garantiza un proceso penal justo y equitativo. El control de la prueba ilícita no solo es responsabilidad de los tribunales, sino también del Ministerio Publico y las fuerzas del orden. Es imperativo que todos los actores del sistema penal actúen bajo los parámetros normativos y la observancia de los derechos para garantizar la efectividad de la justicia y fortalecer el Estado de Derecho nacional. En resumen, este fenómeno representa un desafío constante que requieran una aplicación rigurosa de la ley, el respeto a los principios constitucionales y el fortalecimiento de las garantías procesales para asegurar la protección de los derechos humanos en el ámbito penal.
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