Análisis de la vulneración del derecho a la integridad física en el artículo 121 inciso 3 del código penal en Piura, 2025

• Autor: Zamora Flores, Janeth Evelyn
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Universidad Católica los Ángeles de Chimbote
• Repositorio: ULADECH-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.uladech.edu.pe:20.500.13032/42196
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.13032/42196
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Integridad Física; Lesiones Graves; Vulneración de Derecho; Daño Psíquico; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

La investigación titulada “Análisis de la vulneración del derecho a la integridad física según el artículo 121 inciso 3 del Código Penal, Piura 2025” tuvo como objetivo analizar cómo se vulneró el derecho a la integridad física en la aplicación del artículo en los casos de lesiones graves. El estudio fue de enfoque cualitativo, con un diseño basado en la teoría fundamentada y de nivel descriptivo, explicativo y exploratorio, desarrollado bajo un enfoque no experimental, transversal y retrospectivo. Se aplicó la técnica de la entrevista a veinte especialistas en Derecho Penal, entre ellos fiscales, jueces y abogados, quienes brindaron aportes sobre la interpretación y aplicación práctica del artículo 121 inciso 3 del Código Penal. Los resultados evidenciaron que la vulneración del derecho a la integridad física se originó por la insuficiente precisión en los criterios de valoración del daño, en especial del daño psíquico, debido a la falta de parámetros técnicos uniformes y a la limitada adaptación del umbral de veinte días de incapacidad médica, que no refleja la verdadera magnitud del perjuicio físico o psicológico. Esta situación genera desigualdad en la protección jurídica de las víctimas y deja un vacío en la aplicación efectiva del principio de tutela integral de la persona. Se concluyó que es necesario revisar la norma penal para fortalecer la valoración integral del daño físico y psíquico, garantizando así una protección más justa, coherente y efectiva del derecho a la integridad física y mental.