Vulneración del derecho de defensa en procedimientos administrativos disciplinarios contra servidores civiles del Gobierno regional La Libertad apelados ante el tribunal del servicio civil, 2022

Descripción del Articulo

El presente trabajo de investigación se centró en analizar las formas en que se vulnera el derecho a la defensa en los Procedimientos Administrativos Disciplinarios (PAD) contra los servidores civiles del Gobierno Regional de La Libertad, cuando estos son apelados ante el Tribunal del Servicio Civil...

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Detalles Bibliográficos
Autor: Ravello Rodriguez, Vania Lissette
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2024
Institución:Universidad Católica los Ángeles de Chimbote
Repositorio:ULADECH-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.uladech.edu.pe:20.500.13032/38822
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.13032/38822
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Procedimiento Administrativo Disciplinario
Derecho de Defensa
Tribunal del Servicio Civil
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01
Descripción
Sumario:El presente trabajo de investigación se centró en analizar las formas en que se vulnera el derecho a la defensa en los Procedimientos Administrativos Disciplinarios (PAD) contra los servidores civiles del Gobierno Regional de La Libertad, cuando estos son apelados ante el Tribunal del Servicio Civil. Se abordó la regulación jurídica del derecho a la defensa, se evaluó su ejercicio en las resoluciones emitidas por dicho Tribunal y se propusieron criterios jurídicos para garantizar la efectividad de este derecho en los procedimientos administrativos disciplinarios. La metodología empleada fue cualitativa, de tipo básico, con diseño no experimental y corte transversal descriptivo, utilizando el análisis documental como técnica principal. La investigación concluyó que el derecho a la defensa se ve vulnerado en los siguientes casos: cuando el recurrente no dispone de una defensa formal y oportuna; cuando se le sanciona por infringir una normativa distinta a la imputada; cuando las imputaciones son vagas y carecen de especificidad, violando el principio de tipicidad; cuando se le sanciona por hechos no contemplados en la apertura del procedimiento; y, finalmente, cuando el órgano instructor no analiza ni valora adecuadamente los descargos presentados por el administrado, limitándose a transcribir los alegatos del imputado sin una valoración sustantiva.
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