La inimpugnabilidad de la medida cautelar dictada en el marco del procedimiento administrativo disciplinario de la ley del servicio civil y el derecho de defensa del administrado.

• Autores: Gaitan Holguin, Jonathan Smith, Iquise Condori, Yeni Rossmery
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Universidad Nacional de San Agustín
• Repositorio: UNSA-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.unsa.edu.pe:20.500.12773/21362
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12773/21362
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Procedimiento Administrativo disciplinario; Medida cautelar; Derecho de defensa; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

La investigación que a continuación se presenta, tiene como objetivo determinar la forma en que puede afectar el derecho a la defensa de la parte administrada la imposición de medidas cautelares en el marco de un Procedimiento Administrativo Disciplinario. Esta investigación es de tipo dogmático-jurídica, de nivel descriptiva, con un diseño no experimental y que, a través del empleo del método dogmático y crítico racional, permitió realizar un análisis documental de doctrina y legislación, así como la recopilación de conocimientos y experiencias vertidas por profesionales entrevistados y la revisión y análisis de expedientes de PAD, en los cuales se pudo apreciar la forma de aplicación de las medidas cautelares en procedimientos administrativos disciplinarios y su relación con el ejercicio de los derechos de defensa de los servidores que son afectados con tales medidas cautelares. A raíz de ello, se concluye que, la imposición de medidas cautelares en el marco del Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD), bajo la regulación de la Ley SERVIR, afecta significativamente el ejercicio del derecho de defensa de la parte administrada. La inimpugnabilidad de estas medidas y la ausencia de recursos efectivos para cuestionarlas en etapas tempranas limitan la capacidad del administrado para preparar una defensa adecuada, participar activamente en el proceso y proteger sus derechos fundamentales. Esto genera un desequilibrio entre el interés público y los derechos individuales del administrado, vulnerando principios constitucionales como el debido proceso y la tutela efectiva.