La prescripción por inobservancia de plazos en los procesos administrativos disciplinarios al amparo ley N° 29944 en la UGEL San Román, año 2022

• Autor: Chura Alanoca, Jaime Demetrio
• Formato: tesis de maestría
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Universidad José Carlos Mariátegui
• Repositorio: UJCM-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.ujcm.edu.pe:20.500.12819/3870
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12819/3870
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Incumplimiento; plazos; Sanción; ley 29944; http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00

El proceso administrativo sancionador en el ámbito educativo, dentro de sus competencias más importantes del estado peruano, en especial a través de la administración pública descentralizada, la Unidad de Gestión Educativa Local de San Román (UGEL-SR). Entidad que tiene la potestad de sancionar a los profesores que incurran en faltas disciplinarias acorde a la Ley N° 29944 (Ley de Reforma Magisterial) y su reglamento, siguiendo un proceso legalmente constituido. La Resolución Viceministerial N° 091-2021-MINEDU regula estos procedimientos, aplicables a todos los docentes nombrados y contratados. Norma que establece las etapas del proceso: investigación e informe preliminar, descargos, etapa probatoria e informe final. La (CPPADD), determinan la responsabilidad administrativa del docente, delimitando sanciones de cese temporal (de 31 días hasta 1 año) y la destitución en casos muy graves. El informe preliminar debe formularse en un plazo máximo de 30 días, admitiendo al docente investigado efectuar descargos en un plazo de 5 días hábiles (prorrogables). Sin embargo, se han descrito problemas como la falta de discernimiento jurídico por parte de los miembros de la comisión de procesos, quienes son docentes sin formación legal, la falta de recursos económicos y de personal idóneo. Estas circunstancias afectan el cumplimiento correcto de los plazos y la ejecución del proceso sancionador, lo que evidencia la necesidad de capacitación y financiara, con la finalidad de asegurar procesos justos y eficientes.