La función sancionadora del Osiptel y la afectación al principio del debido procedimiento a los usuarios de servicios públicos de telecomunicación de Moquegua 2024

Descripción del Articulo

El estudio pretendió determinar la relación entre la función sancionadora del OSIPTEL y la afectación al principio del debido procedimiento a los usuarios de servicios públicos de telecomunicación de Moquegua, 2024, ante ello, se desarrolló un estudio correlacional, habiéndose aplicado el cuestionar...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Alata Mamani, Luis Angel
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2024
Institución:Universidad José Carlos Mariátegui
Repositorio:UJCM-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.ujcm.edu.pe:20.500.12819/2968
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.12819/2968
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Sanciones
cumplimiento
carácter punitivo
debido procedimiento
validez
http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00
Descripción
Sumario:El estudio pretendió determinar la relación entre la función sancionadora del OSIPTEL y la afectación al principio del debido procedimiento a los usuarios de servicios públicos de telecomunicación de Moquegua, 2024, ante ello, se desarrolló un estudio correlacional, habiéndose aplicado el cuestionario a un total de 91 usuarios. Los resultados indicaron que la función sancionadora presentó una relación de 0.329 en cuanto a la afectación del principio de debido proceso, comprometiendo la legitimidad de las sanciones y resultando en decisiones arbitrarias que debilitan la autoridad reguladora. El cumplimiento del carácter punitivo tuvo una relación de 0.324, donde la violación del debido proceso socava la eficacia de las sanciones, permitiendo apelaciones que anulan decisiones y disminuyen la capacidad de OSIPTEL para imponer medidas efectivas. La prevención de comportamientos contra la gestión pública mostró una relación de 0.303, con la falta de un proceso justo comprometiendo la capacidad de sancionar efectivamente y afectando negativamente la confianza pública en el regulador. Se ha concluido que cualquier afectación al principio de debido proceso debilita significativamente la autoridad reguladora y la eficacia de las sanciones impuestas. Esto resulta en una percepción de arbitrariedad, afectando la confianza pública y permitiendo que comportamientos perjudiciales permanezcan impunes.
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