Expediente administrativo N° 041-2009 MDM

• Autor: Bellido Reyes, Percy Alex
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2023
• Institución: Universidad Inca Garcilaso de la Vega
• Repositorio: UIGV-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.uigv.edu.pe:20.500.11818/7367
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.11818/7367
• Nivel de acceso: acceso embargado
• Materia: Ejecución coactiva; obligaciones tributarias; desarrollo; gobierno local

Este resumen presenta un proceso administrativo de ejecución coactiva llevado a cabo por la Municipalidad Distrital de Miraflores contra María Angélica Sánchez Flores. Durante una inspección en su restaurante picantería "La Comadrita", se constató la falta de licencia de funcionamiento, certificado de defensa civil, carnet de salud y licencia de anuncio y propaganda. Como resultado, se impuso una clausura del local y una multa de S/. 5500.00 (Cinco Mil Quinientos con 00/100 Soles). La resolución fue reconsiderada y apelada, pero finalmente se inició la ejecución coactiva. La obligada presentó un recurso contencioso administrativo solicitando la revisión del procedimiento de ejecución coactiva y la suspensión del mismo, la cual fue inicialmente aceptada pero luego rechazada debido a la improcedencia de la demanda. La Municipalidad confirmó la sanción y embargó los bienes muebles de la obligada mediante una medida cautelar de secuestro conservativo con desposesión, solicitando al poder judicial autorizar el descerraje. Además, se informó a la obligada que sería reportada a INFOCORP, la central de riesgo crediticio. En ese momento, un tercero se presentó como el nuevo propietario y responsable del local, devolviendo la resolución. Sin embargo, este intento fue declarado improcedente debido a que el domicilio fiscal de la obligada seguía siendo el mismo. Ante una amnistía tributaria, la obligada optó por pagar una suma de S/. 392.00 (Trescientos Noventa y Dos con 00/100 Soles). El objetivo de este trabajo es observar el desarrollo de las actuaciones procesales en este caso, evaluando si se respetaron principios legales como el de legalidad, debido procedimiento, razonabilidad, imparcialidad y buena fe procedimental. También se analiza si se brindó a la obligada la oportunidad de presentar sus descargos, se respetaron los plazos establecidos y se utilizaron correctamente los recursos impugnatorios. Se examina el cumplimiento de la obligación tributaria por parte de la obligada. Finalmente, se reflexiona sobre la importancia de la inversión privada y la necesidad de promover la formalidad en los negocios. Se destaca la falta de apoyo por parte de los gobiernos locales, quienes a menudo dificultan el desarrollo de los emprendimientos y no brindan soluciones alternativas. Se propone la implementación de mecanismos que fomenten la formalización y la regularización de los negocios existentes, buscando generar desarrollo y beneficios para la localidad.