El rol fiscalizador del Estado en los delitos de corrupción de funcionarios en el marco del proceso de descentralización del Gobierno Regional de Lima 2014-2015

• Autor: Quiroz Santacruz, Maira Alejandra
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2016
• Institución: Universidad Cesar Vallejo
• Repositorio: UCV-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/1601
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12692/1601
• Nivel de acceso: acceso embargado
• Materia: Descentralización; Corrupción de funcionarios; Administración pública; Gobierno Regional; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00

El presente trabajo de investigación titulado "El rol fiscalizador del Estado y los delitos de corrupción de funcionarios en el marco del proceso de descentralización del Gobierno Regional de Lima 2014 - 2015", estuvo orientado a establecer cuál es el rol fiscalizador del Estado en atención a lo tipificado en la sección IV del Título XVIII delitos cometidos por y servidores y funcionarios públicos contenido en el Código Penal, en el proceso de descentralización realizado en el Gobierno Regional de Lima, en donde la presente tesis inició, teniendo como objeto de estudio a la Institución Regional citada, cuyos datos fueron recolectados y contrastados mediante el uso de diversos instrumentos metodológicos, obteniéndose como resultado final de la investigación, que existe una precariedad en las funciones fiscalizadoras de las Instituciones Estatales, sumado a ello la falta de eficiencia operativa, y una brecha bastante amplia del gasto público, por lo que a conclusión de esta obra, el Gobierno Regional de Lima debe de mejorar en la aplicación de políticas de supervisión permanentes respecto a las Direcciones que tiene a su cargo, asimismo, el Ministerio Público debe de reforzar y agilizar los procesos de investigación de delitos de corrupción de funcionarios que tiene a cargo y que la Contraloría General de la República emita directivas de supervisión permanentes para una mayor eficacia en la detección de desbalances económicos que ocasionen los delitos de corrupción de funcionarios.