Estudio del proceso inmediato en el derecho comparado entre Perú, Argentina y España, en el año 2021

Descripción del Articulo

La investigación tuvo como principal objetivo analizar la regulación del proceso inmediato en el Perú, Argentina y España; se analizó la base doctrinaria penal, tesis, revistas y artículos a nivel nacional e internacional, referida al proceso inmediato. Se empleó la metodología de tipo básica, con d...

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Detalles Bibliográficos
Autor: Vásquez Villalobos, Niita Yleana
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2022
Institución:Universidad Cesar Vallejo
Repositorio:UCV-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/99238
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.12692/99238
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Imputabilidad
Flagrancia (derecho procesal penal)
Proceso penal Delitos (derecho penal)
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00
Descripción
Sumario:La investigación tuvo como principal objetivo analizar la regulación del proceso inmediato en el Perú, Argentina y España; se analizó la base doctrinaria penal, tesis, revistas y artículos a nivel nacional e internacional, referida al proceso inmediato. Se empleó la metodología de tipo básica, con diseño analítico descriptivo y bajo un enfoque cualitativo, siendo la técnica usada el análisis documental, arrojando como resultado que en nuestra legislación el proceso inmediato presenta deficiencias y atenta contra los derechos del imputado y de la parte defensora, no permitiendo que el fiscal logre consolidar sus pruebas, para así garantizar un juicio justo y que respete la dignidad humana y la igualdad ante la ley, mientras que en la legislación Argentina, no se habla específicamente de un proceso inmediato, sino de un procedimiento especial, que está reservado específicamente para los casos de flagrancia; y en España, se le denomina “Juicios rápidos”, ya que la norma procesal desarrolla este concepto a razón de una lista taxativa de delitos y en circunstancias de flagrancia. Concluyendo, que la normatividad existente debe ser evaluada y corregida, tal como sucede en otros países, solo así los administradores de justicia otorgarán la protección respectiva al imputado
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