Ampliación de la potestad sancionadora del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, actuación contra funcionarios públicos del Perú

Descripción del Articulo

La investigación tuvo como propósito determinar la viabilidad de implementar la potestad sancionadora del OSCE contra funcionarios y servidores públicos, que realicen actuaciones irregulares pasibles de sanción y que contravengan la normatividad relacionada a las contrataciones del estado; para ello...

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Detalles Bibliográficos
Autor: Sánchez Guerra, Mariela Hisel
Formato: tesis de maestría
Fecha de Publicación:2020
Institución:Universidad Cesar Vallejo
Repositorio:UCV-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/48744
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.12692/48744
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Potestad sancionadora
Contrataciones del estado
Servidores y funcionarios públicos
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02
Descripción
Sumario:La investigación tuvo como propósito determinar la viabilidad de implementar la potestad sancionadora del OSCE contra funcionarios y servidores públicos, que realicen actuaciones irregulares pasibles de sanción y que contravengan la normatividad relacionada a las contrataciones del estado; para ello se realizó una investigación básica bajo el enfoque de un diseño cualitativo de teoría fundamentada. Para la realización de nuestra investigación se contó con la participación de cuatro, conocedores de la materia: Doctor Ricardo Salazar Chávez, Cristian Soriano Castro, Mario Arteaga Zegarra y Ana Gisella del Carmen Torres Balarezo, actual responsable de la Oficina Desconcentrada OSCE – Chiclayo. Se utilizó como instrumentos de investigación, la recolección de datos, la observación y se utilizó la entrevista, la misma que fue aplicada a los participantes. Luego de analizar toda la información obtenida, se llegó a la conclusión que legislativamente no existe impedimento para poder otorgar potestad sancionadora al OSCE en contra de funcionarios y servidores públicos que infrinjan la normativa de contrataciones del Estado; pero, dicha potestad no debe contravenir con la naturaleza misma de la institución, ni colisionar con las facultades asignadas por nuestro ordenamiento jurídico a otras instituciones.
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