El derecho a la identidad de las personas transexuales frente al cambio de sexo - 2018

• Autor: Estrada Nole, Heder Jussec
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2019
• Institución: Universidad Cesar Vallejo
• Repositorio: UCV-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/49469
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12692/49469
• Nivel de acceso: acceso embargado
• Materia: Identidad de género; Identidad sexual; Transexuales; Cambio de sexo; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

Las personas transexuales con el propósito de peticionar el cambio de sexo por identidad en sus documentos nacionales de identificación, se enfrentan constantemente a obstáculos en la práctica de la justicia a consecuencia de no existir regulación a la fecha del proceso, generándose así incertidumbre jurídica sobre el resultado, al no haberse establecido presupuestos procesales mínimos para acreditar su identidad, por los múltiples criterios a considerar por el Juez, por la falta de una vía procedimental idónea que atienda de manera oportuna y garantice el derecho en mención, así como la falta de tutela por parte de las instituciones del estado. Con todo lo antes mencionado, cabe resaltar que si bien es cierto El Tribunal Constitucional mediante sentencia recaída en el Exp. N° 139-2013, estableció como doctrina que el sexo era un elemento de carácter inmutable imposibilitando así el poder peticionar su cambio en vía judicial, por otro lado, se volvió a pronunciar mediante sentencia recaída en el Exp. N° 6040-2015, dejando sin efecto la doctrina constitucional anterior, garantizando así el Derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva al permitir el acceso a la justicia de personas transexuales que deseen cambiar el sexo por identidad en sus documentos nacionales de identificación, señalando que este no solo comprendía de una realidad biológica, sino que abarca también realidades sociales, culturales e interpersonales que se experimentan durante toda la existencia, otorgándole libremente la potestad al Juez sobre los medios probatorios, estableciendo como vía procedimental la sumarísima, sin embargo, esta doctrina constitucional carece de carácter vinculante, por lo que no regula el proceso en sí, trayendo como consecuencia afectaciones a los derechos fundamentales y procedimentales.