El derecho fundamental a la consulta previa y su valoración por parte del Estado peruano

• Autor: Rutti Arroyo, Mauricio Alexander
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Universidad Continental
• Repositorio: CONTINENTAL-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.continental.edu.pe:20.500.12394/17397
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12394/17397
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Organización Internacional del Trabajo; International Labor Organization; Convenio 169; Convention 169; Pueblos indígenas; Indigenous peoples; Sanciones administrativas; Administrative sanctions; Derecho a la consulta indígena; Right to indigenous consultation; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

En 1989, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó el Convenio 169, reconociendo derechos fundamentales a los pueblos indígenas, siendo el Perú uno de los 24 países en ratificarlo. Históricamente, las tensiones entre los pueblos indígenas y la sociedad nacional han girado en torno al uso de los recursos naturales, destacando el conflicto de Bagua, ocurrido hace más de 15 años, donde fallecieron 33 personas y se visibilizaron desigualdades que han limitado las libertades indígenas. Posteriorment e, en 2011, se promulgó la Ley de Consulta Previa , que establece procedimientos para aplicar un derecho reconocido en el marco legal desde 1995. Esta investigación tiene como objetivo identificar la valoración del derecho a la Consulta Previa en los pueblo s indígenas del Perú a partir de su implementación y desafíos. A través de una metodología cualitativa, se examinan los estándares de aplicación, el impacto del proceso y las percepciones de los actores involucrados para identificar lecciones aprendidas. L os hallazgos revelan que, si bien la Consulta Previa ha institucionalizado un espacio de diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas, permitiendo su participación en decisiones que afectan sus territorios, aún enfrenta desafíos significativos. Persiste n vacíos regulatorios que generan incertidumbre sobre el proceso, limitando su eficacia y equidad. La falta de claridad normativa, la escasa capacitación de las instituciones y las condiciones de vulnerabilidad de los pueblos indígenas perpetúan asimetrías de poder y desconfianza. Se concluye que es esencial fortalecer el enfoque intercultural, mejorar los mecanismos de monitoreo y garantizar un seguimiento efectivo de los acuerdos para que este derecho se ejerza de manera inclusiva y respetuosa.