La impunidad de infracciones administrativas y la transgresión de la celeridad procesal

• Autores: Zinanyuca Rodriguez, Jimy Randal, Álvarez Garcia, Harry Adolfo
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2023
• Institución: Universidad Andina del Cusco
• Repositorio: UAC-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.uandina.edu.pe:20.500.12557/6101
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12557/6101
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Infracciones administrativas; Transgresión de la celeridad procesal; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00

La impunidad de infracciones administrativas y la transgresión de la celeridad procesal en el contexto peruano son temas de preocupación en el sistema de justicia del país. La impunidad se refiere a la falta de consecuencias legales o sanciones efectivas para aquellos que cometen infracciones administrativas, lo que genera una sensación de falta de justicia y promueve la repetición de conductas ilícitas. En el ámbito administrativo, la impunidad puede manifestarse de varias maneras, como la falta de investigaciones adecuadas, la demora en los procedimientos y la ausencia de sanciones proporcionales. Esto puede deberse a diversas razones, como la falta de recursos y personal especializado, la corrupción o la interferencia política en los procesos administrativos. En el caso específico de la celeridad procesal, se refiere a la rapidez y eficiencia con la que se llevan a cabo los procesos legales. En el contexto peruano, se ha observado una transgresión de este principio, lo que ha generado retrasos significativos en la resolución de casos administrativos. Esto afecta negativamente la confianza en el sistema de justicia y puede llevar a la impunidad, ya que los responsables de las infracciones pueden evitar las consecuencias debido a la dilación en los procesos. La falta de celeridad procesal puede estar relacionada con diversos factores, como la carga excesiva de trabajo en los órganos administrativos, la falta de personal capacitado, la complejidad normativa y los obstáculos burocráticos. Además, la interferencia política o la corrupción pueden influir en los plazos y decisiones judiciales, lo que perjudica aún más la celeridad y la imparcialidad de los procesos administrativos.