Restricción del derecho de defensa de los imputados en los procesos penales sumarios, en el distrito judicial de Ancash, durante los años 2006-2008

• Autor: Coral Luna, Jaime Ruiz
• Formato: tesis de maestría
• Fecha de Publicación: 2012
• Institución: Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo
• Repositorio: UNASAM-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:172.16.0.151:UNASAM/924
• Enlace del recurso: http://repositorio.unasam.edu.pe/handle/UNASAM/924
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Derecho de Defensa; Defensa Técnica; Defensa material; Principio de Contradicción; Principio de Igualdad; Garantía Constitucional

La finalidad del Derecho de Defensa, como garantía constitucional, es asegurar la efectiva realización de los principios procesales de contradicción y de igualdad de armas, principios que imponen a los órganos judiciales el deber de evitar desequilibrios en la posición procesal e impedir que las limitaciones de alguna de las partes puedan desembocar en una situación de indefensión prohibida por la Constitución y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. La presente investigación está orientada a determinar la forma cómo se manifiesta la restricción del derecho de defensa de los imputados en los procesos penales sumarios, en el Distrito Judicial de Ancash. Para este estudio se seleccionó una muestra de 40 Abogados y 10 expedientes penales, la recolección de datos, el procesamiento y análisis a través del empleo de la estadística descriptivo. La conclusión principal nos permite afirmar que la vulneración del derecho del detenido a ser comunicado sobre la imputación, el derecho al tiempo y las facilidades necesarias para la defensa, el derecho a contar con un intérprete, la asistencia del imputado por un abogado defensor, el derecho a la autodefensa, el derecho a confrontar la evidencia presentada por la acusación, el derecho a no ser obligado o inducido a declarar contra sí mismo o a declararse culpable y el derecho a un defensor de oficio en caso de ser necesario, son quebrantados por los operadores de la justicia penal en las distintas etapas del proceso; evidenciándose la vulneración e inaplicación en gran medida de esta garantía.