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El principio de confianza como límite a la imputación de los delitos contra la administración pública en el Perú

Descripción del Articulo

En algunas ocasiones resulta difícil delimitar con total exactitud el ámbito de responsabilidad para que se le atribuya un resultado específico. En ese sentido, el propósito de este estudio fue comprender por qué se ve al principio de confianza como una restricción a la imputación en los delitos rel...

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Detalles Bibliográficos
Autor: Cabrera Velasquez, Nicoll Analucia
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2024
Institución:Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo
Repositorio:UNASAM-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:172.16.0.151:UNASAM/6045
Enlace del recurso:http://repositorio.unasam.edu.pe/handle/UNASAM/6045
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Delito de Colusión
Delito de Malversación de Fondos
Delito de Peculado
Imputación Objetiva
Principio de Confianza
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00
Descripción
Sumario:En algunas ocasiones resulta difícil delimitar con total exactitud el ámbito de responsabilidad para que se le atribuya un resultado específico. En ese sentido, el propósito de este estudio fue comprender por qué se ve al principio de confianza como una restricción a la imputación en los delitos relacionados con la Administración Pública. Enfocado en los delitos de Colusión, Peculado y Malversación según el Código Penal peruano. Se empleó un enfoque metodológico cualitativo, de tipo dogmático, con un diseño no experimental de nivel descriptivo - explicativo. Además, los métodos usados fueron el hermenéutico, exegético y argumentación jurídica, siendo las técnicas como el análisis documental y bibliográfico con sus respectivos instrumentos. Los resultados obtenidos refieren que, la ausencia de una aplicación coherente del principio de confianza como estándar para la imputación objetiva en las investigaciones de los delitos antes mencionados conducen a una interpretación irregular de doctrina, normativa y jurisprudencia; generando a su vez afectación la organización laboral en la Administración Pública. Se concluyó que, si se realiza adecuadamente las funciones que se le han asignado y demuestra que actuó dentro de los límites de sus responsabilidades en esa situación, no será penalmente responsable por más que haya un deber de garante, incluso si otra persona emplea incorrectamente su trabajo y causa daño, haciendo posible la aplicación de la excepción de improcedencia de acción
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