Máxima Optimización Del Derecho Constitucional Implícito De Alimentos A Favor De Los Menores De Edad En El Sistema Jurídico Peruano

• Autor: Rojas Ruiz, Nilton Yaquilin
• Formato: tesis de maestría
• Fecha de Publicación: 2018
• Institución: Universidad Nacional de Cajamarca
• Repositorio: UNC-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.unc.edu.pe:20.500.14074/2197
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/20.500.14074/2197
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: factores fácticos y jurídicos; Estado Constitucional de Derecho; derechos de prestación o derechos sociales; derecho de alimentos

La realidad peruana muestra que existen desigualdades fácticas en la satisfacción del derecho de alimentos a favor de los menores de edad pertenecientes a familias monoparentales, ello impide el normal desarrollo de los menores y el acceso a oportunidades en igualdad de condiciones. Estas desigualdades, contrastadas con el sistema jurídico, evidencian ausencia de garantías para la protección de un derecho subjetivo tan fundamental como es los alimentos. Por ello, con esta investigación se pretende exponer argumentos (facticos, jurídicos y doctrinarios) para sentar las bases a fin de lograr la máxima optimización del derecho objeto de estudio; ello se logrará a partir del análisis de procesos judiciales en materia de alimentos en los cuales se ha identificado factores fácticos y jurídicos comunes que dificultan la optimización. Luego, se propone soluciones frente a la problemática que se ha identificado, tomando como enfoque los derechos fundamentales desde el constitucionalismo principialista y garantista, dichas teorías explican el paradigma de Estado Constitucional de Derecho. Ambas posturas coinciden que una de las características esenciales de los actuales Estados de Derecho es tornar eficaz los derechos sociales, entendidos éstos como derechos de prestación; y en efecto, creemos que el derecho de alimentos es un derecho constitucional no solo de naturaleza individual, sino también social; por lo tanto, corresponde crear un sistema de garantías que involucren a los poderes clásicos del Estado, pero también a la sociedad.