Informe Jurídico sobre Resolución Sub Directoral N° 001-2007- MTPE/2/12.310 y la Resolución Directoral N° 01-2007-MTPE/2/12.3 del Expediente N° 09-2007-MTPE/2/12.310, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo vs. Telefónica Móviles S.A., procedimiento administrativo sancionador por infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral

• Autor: Tuesta Véliz, Adriana Laura
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2022
• Institución: Pontificia Universidad Católica del Perú
• Repositorio: PUCP-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.pucp.edu.pe:20.500.14657/189756
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/20.500.12404/24333
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Debido proceso--Perú; Sanciones administrativas--Legislación--Perú; Inspección de trabajo--Legislación--Perú; Telecomunicaciones--Legislación--Perú; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

El presente informe versa sobre el Expediente N° 09-2007-MTPE/2/12.310, el cual se originó en el marco de una inspección laboral realizada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) a las oficinas de Telefónica Móviles S.A. Este es un caso que se desarrolla con anterioridad a la creación de la SUNAFIL, motivo por el cual fue el Ministerio quien realizó la actividad de inspección y sanción a través de sus respectivas áreas. De este modo, mediante un procedimiento administrativo sancionador, el MTPE multó a Telefónica por la comisión de una serie de infracciones a la normativa sociolaboral, por lo que la empresa alegó diversas de contravenciones al procedimiento. Por ello, el presente informe versará sobre el análisis del caso, a fin de determinar la existencia de defectos e irregularidades en el procedimiento sancionador y en los actos administrativos emitidos, así como la contravención de los principios delimitadores de la potestad sancionadora de la Administración y el principio de primacía de la realidad. En tal sentido, empleando la normativa aplicable en la época de los hechos del caso, se identificará que, si bien es existe un caso de desnaturalización contractual sancionable, la autoridad administrativa no ha llevado un debido procedimiento sancionador, vulnerando sus principios. También, el acta de infracción, así como las resoluciones de primera y segunda instancia han carecido de una debida motivación y no han considerado los argumentos del administrado, entre otras irregularidades que se detallarán.