Características de la calidad de persona defensora de derechos humanos y su regulación en el ordenamiento jurídico peruano

• Autor: Rojas Sánchez, Mauro Daniel
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2020
• Institución: Pontificia Universidad Católica del Perú
• Repositorio: PUCP-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.pucp.edu.pe:20.500.14657/176316
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/20.500.12404/19095
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Derechos humanos; Defensores de los derechos humanos; Defensores de los derechos humanos--Protección--Perú; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

Como parte de mi desarrollo profesional tuve la oportunidad de participar de las actividades de una entidad pública en el marco de la visita al Perú del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst, llevada a cabo del 21 de enero al 03 de febrero de 2020. Las conclusiones de su visita anunciaban una situación de desprotección para las personas defensoras de derechos humanos. En este contexto, inicio el presente trabajo académico con la finalidad de profundizar sobre quién es una persona defensora, cuáles son sus principales características, cómo debe abordar el Estado esta temática y cuáles son las medidas nacionales específicas diseñadas en favor de este colectivo. Al terminar mi investigación y análisis sobre el tema, presento las siguientes conclusiones, a saber, la característica principal del concepto de persona defensora radica el vínculo entre la actividad que se realiza y el otorgamiento de la calidad de persona defensora; el Estado ve reforzado su deber de garantizar los derechos y libertades fundamentales de las personas defensoras debido a la condición de especial vulnerabilidad de éstas; es posible la inclusión de la persona defensora como una categoría autónoma de discriminación; las medidas adoptadas en el país específicamente en favor de las personas defensoras constituyen un avance significativo en el trayecto hacia un marco más adecuado para su protección, pero es necesario que sean aprobadas por normas de jerarquía legal suficiente para que vincule a los distintos actores estatales concernidos en el tratamiento de las personas defensoras.