El procedimiento administrativo sancionador y la vulneración de los principios constitucionales

• Autor: Surco Paucar, Madeleyne Marcelina
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2019
• Institución: Universidad Autónoma del Perú
• Repositorio: AUTONOMA-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.autonoma.edu.pe:20.500.13067/679
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.13067/679
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Procedimiento sancionador; Principios constitucionales; Debido proceso; Proporcionalidad; Legalidad; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00

El presente trabajo de investigación titulado EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR Y LA VULNERACIÓN DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, tiene como objetivo determinar de qué manera las normas del procedimiento sancionador del SAT aplican los principios de legalidad, debido proceso, proporcionalidad. El tipo de investigación elegido es mixto, se trabajó en forma paralela con los métodos cuantitativo y cualitativo, en igualdad de peso dando lugar el diseño concurrente, y determinar de qué manera los procedimientos sancionadores de las normas del SAT vulneran los principios constitucionales. Para el cumplimiento de los fines de nuestra investigación se utilizó la técnica como encuesta y como instrumento el cuestionario, aunado al análisis documental. Nuestra muestra de estudio está conformada por 5 abogados especialista en materia de Derecho administrativo sancionador y 15 usuarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) Sede San Juan de Miraflores. Del resultado obtenido destaca que al preguntarles si la aplicación de las normas del procedimiento sancionador del SAT brindan tutela al administrado, se evidencia que el 66.66% tiene una respuesta negativa, considera que el SAT no brinda la tutela al administrado en los procedimientos sancionadores y por ende vulnera el principio constitucional debido proceso. Estos resultados se respaldan con la doctrina, toda vez que el debido proceso no solo tiene ámbito en lo jurisdiccional, sino también en sede administrativa y al conjunto de requisitos que deben observar las instancias procesales (Morón, 2017). Basándonos en la teoría sustancialista que consta de tres dimensiones que se integran por las normas, conductas y valores (Goldsmithd,1999).