El principal problema abordado en este artículo es la tensión entre los objetivos inclusivos de la Ley N° 30982, que establece un mínimo de 30% de representación femenina o masculina en las directivas de comunidades campesinas, y las realidades culturales, históricas y organizativas de estas comunidades. Esta normativa, aunque busca promover la igualdad de género, ha generado conflictos con el derecho consuetudinario y la autonomía comunal, dificultando la inscripción de directivas y afectando su funcionamiento. Los instrumentos normativos analizados incluyen la propia Ley N° 30982, el Reglamento de la Ley General de Comunidades Campesinas y la Directiva N° 10-2013-SUNARP/SN, así como resoluciones del Tribunal Registral, que han desarrollado criterios interpretativos para abordar las barreras que enfrenta la inscripción de directivas comunales. También se examinan principio...