El problema de la paralización de obras públicas en el marco de la ley de contrataciones del Estado

Descripción del Articulo

Este trabajo se formuló con el propósito de analizar las consecuencias de no poder disputar las decisiones tomadas por la Contraloría General de la República o la entidad respecto a la aprobación o rechazo de prestaciones adicionales de obra que surjan en la ejecución del contrato. Se aborda el desa...

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Detalles Bibliográficos
Autores: Lau Buendia, Claudia Cecilia, Silva Acevedo, Sergio Arturo, Zúñiga Gonzalez, Jose Ydal
Formato: tesis de maestría
Fecha de Publicación:2023
Institución:Universidad del Pacífico
Repositorio:UP-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.up.edu.pe:11354/4229
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/11354/4229
Nivel de acceso:acceso embargado
Materia:Contratos de obras públicas--Perú
Contratos públicos--Perú
Derecho administrativo económico
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01
Descripción
Sumario:Este trabajo se formuló con el propósito de analizar las consecuencias de no poder disputar las decisiones tomadas por la Contraloría General de la República o la entidad respecto a la aprobación o rechazo de prestaciones adicionales de obra que surjan en la ejecución del contrato. Se aborda el desafío observado en la ejecución de contratos bajo las directrices de la contratación pública. Esta evaluación se basa en la información pública obtenida, conversaciones con las partes involucradas, conocimientos especializados y el marco legal vigente. A pesar de introducir cambios y emitir disposiciones específicas en la normativa de contratación pública hasta el año 2023, la paralización de las obras sigue siendo un problema persistente. Los efectos originados por la imposibilidad de someter a controversia la no aprobación de prestaciones adicionales o de la aprobación parcial de estas, y segundo, la imposibilidad de concluir con las obligaciones pactadas debido a deficiencias en los expedientes técnicos, también se examinan como parte de la citada cuestión. Por último, se proponen recomendaciones orientadas a reducir o mitigar los efectos e impactos generados por el legislador, y la mejora de la implementación de la Junta de Resolución de Disputas en la contratación estatal, así como definir las materias que se deben someter a controversia, para alcanzar el objetivo público.
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