El cobro de intereses moratorios y suspensión del plazo prescriptorio por la demora en resolver

• Autores: Briceño Moscoso , Camila Andrea, Torres Velarde, Lucia Mariana
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2023
• Institución: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
• Repositorio: UPC-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorioacademico.upc.edu.pe:10757/670847
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/10757/670847
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Intereses moratorios; Prescripción; Tributario; Razonabilidad; Confiscatoriedad; Seguridad jurídica; Amparo; Default interests; Statute of limitation; Reasonableness; Non-confiscatoriality; Legal certainty; Protective action; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00

El presente trabajo analiza la problemática respecto a cómo la demora en resolver actos impugnatorios, en materia tributaria, implica para el contribuyente un mayor cobro de intereses moratorios, así como la suspensión de la prescripción de la acción de la Administración Tributaria para cobrar la deuda tributaria de los contribuyentes con procedimientos contenciosos administrativos, iniciados antes de las respectivas modificaciones de los artículos 33 y 46 del Código Tributario. Dicho análisis se realizará a partir de la revisión de la Sentencia 998/2020 del Tribunal Constitucional. Para efecto del análisis del presente caso, se efectuó un estudio de doctrina, jurisprudencia del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, así como de la legislación tributaria peruana, incluyendo sus modificaciones a través del tiempo; de forma que, la conclusión planteada en el presente trabajo que se debe inaplicar ambos artículos en sus versiones originales (aun cuando estos sean aplicables en virtud al derecho común), ya que su aplicación devendría en inconstitucional, por vulnerar los principios de razonabilidad, no confiscatoriedad y la seguridad jurídica. Para ello, es necesaria la interposición de la acción de Amparo, al ser el Tribunal Constitucional la única entidad facultada para inaplicar normas.