Discriminación por Discapacidad en la No Renovación de Contrato CAS: Reposición de Trabajador con Sordomudez

• Autores: Flores Sigueñas, Alexis Clemente, Rios Valderrama, Gabriela Azucena
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
• Repositorio: UPC-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorioacademico.upc.edu.pe:10757/686243
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/10757/686243
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Discapacidad; Contrato CAS; Discriminación laboral; Modelo social; Ajustes razonables; Disability; CAS contract; Employment discrimination; Social model; Reasonable accommodation; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

El presente trabajo de suficiencia profesional que se presenta a continuación analiza la resolución del Tribunal Constitucional del 11 de julio de 2024 en relación al caso de Manuel Sullcapuma Tturuco contra la UNSAAC, el cual hace referencia a la decisión por parte del empleador de no renovar el contrato de un empleado con discapacidad auditiva. El análisis del trabajo se centra en la forma en que se aborda la discapacidad en el contexto legal del empleo en el sector público, especialmente en relación con el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), y en cómo el Tribunal Constitucional ha resaltado la aplicación del modelo social de la discapacidad para defender los derechos fundamentales del solicitante. En este contexto, se argumenta que, si bien la decisión de no renovar el contrato era, en apariencia, legítima, se consideró inconstitucional ya que no se justificó que tuviera motivos no discriminatorios. Además, se analiza el principio de protección especial hacia las personas con discapacidad, así como la responsabilidad del empleador estatal de implementar ajustes razonables y de poder cumplir con la cuota mínima de contratación que establece la ley. El documento también compara las bases del voto mayoritario con las opiniones individuales de los magistrados que adoptan posturas más formales, prestando particular atención a los criterios sobre carga de prueba, la necesidad de ajustes razonables y la función inclusiva del Estado.