Legitimidad para Promover una Norma y Demandar su Inconstitucionalidad a propósito de la Sentencia 397/2022

• Autores: Grandes Ticona, Junior Geiser Enrique, Drugas Magallanes, Klaus Nikos
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
• Repositorio: UPC-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorioacademico.upc.edu.pe:10757/686338
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/10757/686338
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Inconstitucionalidad; Procedimiento legislativo; Legitimidad para obrar; Interés legítimo; Control difuso; Unconstitutionality; Legislative procedure; Standing to sue; Legitimate interest; Diffuse control; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

La presente investigación tiene como objeto examinar, además de aspectos regulatorios y constitucionales, aspectos procesales vinculados a la Sentencia 397/2022 (Exp. 00008-2022-PI/TC), mediante la cual el Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el 25 % del número legal de congresistas contra la Ley 31520, ley que introdujo modificaciones a la Ley Universitaria (Ley 30220) y que los mismos congresistas promovieron en el fuero legislativo. Esta ley modificó la composición del Consejo Directivo de la SUNEDU, eliminó el concurso público para la designación de sus miembros y restableció el SINEACE como ente responsable de la acreditación académica, entre otros. Estas reformas generaron un debate en torno al modelo de supervisión educativo superior y la autonomía universitaria, materializándose ello en un conflicto de ejercicio del poder entre el congreso y la SUNEDU, que se concretizó en el amparo interpuesto por la entidad del poder ejecutivo, mediante el cual buscaba evitar la aprobación de la Ley 31520. La presente investigación se enfoca en las cuestiones procesales motivadas por las distintas interpretaciones del ejercicio del poder, que emergen de la actuación de los congresistas que demandaron la inconstitucionalidad y de la SUNEDU. El análisis se estructura en torno a tres ejes: i) la naturaleza jurídica del Estado y de sus órganos como sujetos procesales ante el Tribunal Constitucional; ii) la delimitación del concepto de legitimidad para obrar en el proceso de inconstitucionalidad; y iii) la evaluación del interés legítimo como presupuesto habilitante del acceso a la jurisdicción constitucional.