Informe para la sustentación de expedientes: 0321-2017/CPC-INDECOPI-PIU / 5870-2012-0-0901-JR-FC-06

• Autor: Villegas Laura, Lizbeth Mónica
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2021
• Institución: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
• Repositorio: UPC-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorioacademico.upc.edu.pe:10757/658667
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/10757/658667
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Protección al consumidor; Derecho a la información; Comisión de Protección al Consumidor; Consumer protection; Right to information; Consumer Protection Commission; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

En el presente trabajo de suficiencia profesional se han analizado los problemas jurídicos más importantes de dos casos uno de naturaleza pública y otra privada. En cuanto, al expediente de protección al consumidor se tiene como controversia si el proveedor ha vulnerado o no el derecho a la información sobre los precios de los productos y servicios que ofrece, así inicialmente la Comisión de Protección al Consumidor sancionó al proveedor por vulnerar el artículo 5, inciso 3 del Código de Protección y Defensa del Consumidor pues no se había exhibido la lista de precios al exterior del establecimiento; no obstante, la Sala Especializada en Protección al Consumidor consideró que sí era suficiente que el proveedor (para el tipo de servicio que se realizó) exhiba los precios al interior y que no se vulneraría la norma antes referida. De otro lado, en el expediente de naturaleza privada se tiene como problemas principales la asignación de la tenencia a favor de un menor al padre, así como la aplicación de la flexibilización de la congruencia pues la parte demandada no solicitó la tenencia a su favor. Ello en la medida que en la primera sentencia de vista se otorgó tenencia a favor de la madre demandada pese a no solicitar tenencia del menor, lo que se declaró nulo por parte de la Corte Suprema al considerar que se habría vulnerado el debido proceso. Por tanto, en ambos casos se verificará si la normativa se interpretó adecuadamente y si se aplicó la que fuera pertinente; además verificar una correcta valoración de los medios probatorios.