Debido Proceso y Derecho a la Pensión: Análisis de la Sentencia 02903-2023-PA/TC

• Autores: Farfan Cusi, Alex Bernardi, Mendoza Gomez, Frescia Del Rocio
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
• Repositorio: UPC-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorioacademico.upc.edu.pe:10757/686314
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/10757/686314
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00; Pensión; Debido Proceso; Fiscalización; Precedente Vinculante; Suspensión

Este trabajo desarrolla el análisis de la Sentencia 23/2024 emitida por nuestro Tribunal Constitucional respecto de lo debatido en el expediente N° 02903-2023-PA/TC, referente a la demanda de amparo donde el demandante Erasmo Lucio Cabezas Carpio interpuso recurso constitucional de amparo contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando la inaplicación de las resoluciones que suspendieron su pensión de jubilación. Al respecto, se abordará el análisis y alcances de la facultad fiscalizadora de la ONP en referencia a la suspensión de pensiones sobre la base de indicios de falsedad documental, evaluando la afectación de derechos fundamentales como la pensión, defensa y debido proceso. La sentencia abarca los fundamentos del Tribunal Constitucional, mediante los cuales el voto en mayoría concluye en declarar fundada la demanda y estableciendo como precedente vinculante. Sin embargo, el voto discrepante considera que la demanda debe declararse infundada, sosteniendo que la eficacia del precedente resulte aplicable a los nuevos procedimientos iniciados por la ONP. El trabajo tiene como finalidad analizar los fundamentos jurídicos y conceptuales a nivel constitucional, analizando la Ley del Sistema de Pensiones, su reglamento y la Ley de Procedimiento Administrativo General. Finalmente, se expondrá la postura del grupo en el que destacaremos nuestra posición sobre la protección de los derechos fundamentales que deben primar en la correcta actuación y orientación a la defensa del debido proceso en base a la jurisprudencia nacional. Por ello, el aporte que se propone es una reflexión crítica sobre los límites de la función fiscalizadora de la ONP y la necesidad de que toda intervención de administración se acorde al principio de legalidad y plazos establecidos en la Ley.