El Acceso a la Justicia Constitucional y el Precedente Vásquez Romero: Estudio del Expediente 01110-2019-PHC-TC

• Autores: Tipismana Rios, Antonio Norberto, Sobrado Vela, María De Jesús
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
• Repositorio: UPC-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorioacademico.upc.edu.pe:10757/688015
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/10757/688015
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Tribunal Constitucional; Hábeas corpus; Precedente Vásquez Romero; Acceso a la justicia; Derechos fundamentales; Constitutional Court; habeas corpus; Vásquez Romero precedent; access to justice; fundamental rights; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00

El trabajo analiza el Expediente N.° 01110-2019-PHC/TC, caso Maylin Maribel Baquedano Indigoyen, desde la perspectiva del derecho constitucional y el acceso a la justicia constitucional. El Tribunal Constitucional declaró improcedente el recurso de agravio interpuesto por la demandante, aplicando el precedente vinculante Vásquez Romero (Exp. N.° 00987-2014-PA/TC), al considerar que la resolución cuestionada no afectaba de manera directa su derecho a la libertad personal. El estudio se centra en el derecho fundamental al hábeas corpus y su vínculo con la libertad personal, el debido proceso y la tutela judicial efectiva, cuestionando el uso de las sentencias interlocutorias denegatorias como filtro procesal. Estas, si bien buscan eficiencia judicial, pueden limitar el acceso a la justicia y el principio pro persona. Los votos singulares de los magistrados Blume Fortini y Ferrero Costa sostienen que el Tribunal Constitucional debe actuar como instancia de fallo y no de admisibilidad, garantizando que toda persona pueda ser oída y que su causa sea evaluada en el fondo. Ambos advierten que la aplicación amplia del precedente Vásquez Romero puede vulnerar el derecho de defensa y desnaturalizar la función tutelar del Tribunal. En conclusión, el caso evidencia la necesidad de regular el uso de las sentencias interlocutorias con criterios claros, motivación reforzada y respeto al debido proceso, para equilibrar la economía procesal con la protección efectiva de los derechos fundamentales en el marco del Estado Constitucional de Derecho.