Análisis de la aplicación de la Ley de Delitos Informáticos (Ley 30096) y su incidencia en la investigación preliminar, Puno 2023

• Autor: Merma Condori, Gabriel Omar
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2024
• Institución: Universidad Tecnológica del Perú
• Repositorio: UTP-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.utp.edu.pe:20.500.12867/12054
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12867/12054
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Delitos informáticos; Cibercriminalidad; Pruebas digitales; Suplantación de identidad; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00

El presente estudio analiza cómo la aplicación de la Ley de Delitos Informáticos (Ley 30096) incide en la etapa preliminar de las investigaciones en Puno durante el año 2023. La investigación responde a la problemática del aumento de delitos informáticos, agravado por la insuficiencia de recursos tecnológicos, la falta de capacitación de los operadores de justicia y las limitaciones en la normativa. El objetivo principal fue determinar de qué manera la Ley 30096 influye en la eficacia y efectividad de las investigaciones preliminares, considerando factores como la infraestructura tecnológica, la formación especializada y los desafíos normativos. Se adoptó un enfoque cualitativo con un diseño no experimental y un método analítico descriptivo, empleando entrevistas a fiscales y abogados especializados como principal técnica de recolección de datos. Los resultados evidenciaron que la falta de capacitación y recursos tecnológicos limita significativamente la eficacia de las investigaciones preliminares. Asimismo, la normativa presenta vacíos interpretativos que dificultan su aplicación uniforme. Si bien la Ley 30096 proporciona un marco legal específico, su impacto en términos de resultados tangibles sigue siendo limitado, lo que afecta los tiempos de resolución y la calidad de las pruebas recolectadas. Se concluye que, para optimizar la aplicación de esta normativa, es esencial fortalecer la capacitación de los operadores de justicia, invertir en infraestructura tecnológica adecuada y fomentar la colaboración interinstitucional. Estas acciones permitirán una mejora significativa en la persecución de los delitos informáticos, contribuyendo a la confianza en el sistema judicial y la salvaguarda de la justicia en entornos digitales.