La defensa posesoria extrajudicial y el derecho a la propiedad en inmuebles de particulares, distrito judicial Lima Centro, 2022.

• Autor: Guizado Izquierdo, Luz Reynalda
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2024
• Institución: Universidad Tecnológica del Perú
• Repositorio: UTP-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.utp.edu.pe:20.500.12867/9299
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12867/9299
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Defensa posesoria extrajudicial; Posesión precaria; Legítima defensa; Prescripción adquisitiva; Seguridad jurídica; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00

En esta investigación basada en instituciones jurídicas del derecho civil, se presentará como la defensa posesoria extrajudicial regulada en el artículo 920 del C.C. resulta ser una herramienta legal para proteger el derecho a la propiedad, frente a diversos actos irregulares como la usurpación, actos invasores y otros. En esa línea, si bien es cierto, en nuestro ordenamiento jurídico vigente se encuentra regulado, para que el Estado y los particulares puedan recuperar su bienes inmuebles utilizando la fuerza legítima o en su defecto solicitando el apoyo a la Policía Nacional del Perú y la Municipalidad, sin embargo, ante los presupuestos exigidos queda peligroso todo intento ya que, el tiempo que se establece puede poner en riesgo el derecho a la propiedad, por ello, vemos como un problema social que, en la legislación interna solo se encuentra debidamente regulado con protocolo específico el apoyo para recuperar los bienes estatales, pero no se cuenta con un instrumento legal idóneo para garantizar la recuperación de bienes que son de propiedad de particulares, ante ello, se presentan los análisis de los autores tales como: Ticona (2020) y Paz (2012) que desarrollan la importancia de la D.P.E. como mecanismo legal para proteger el D.P.. Finalmente, para el desarrollo de la presente investigación se ha visto el enfoque cualitativo con nivel descriptivo correlacional, recogiendo información mediante el instrumento denominado el cuestionario abierto, a fin de explicar la necesidad de impulsar un marco legal para la recuperación y protección de bienes inmuebles de particulares.